Cinco herramientas para combatir la corrupción

Cinco herramientas para combatir la corrupción

Ulises Ramírez

Huir de la falacia de las soluciones únicas

Como lo ha indicado Transparencia Internacional1, las soluciones contra la corrupción no pueden ser unívocas. Es verdad que algunos instrumentos pueden ser muy útiles como los referentes a la educación y la construcción de ciudadanía, pero no podría racionalmente señalarse que la corrupción se soluciona sólo con medidas preventivas; que basta introducir, por ejemplo, códigos de ética en las oficinas públicas y las empresas, que se resuelve con más y mejores mecanismos de rendición de cuentas, con reformas legales que incrementaran penas y sanciones a corruptos, con salarios más altos a los funcionarios o mediante el servicio profesional de carrera. El combate a la corrupción exige las medidas anteriores y muchísimas más, que reformulen tanto el tipo de democracia como la manera en la que se concibe hoy en día el Estado de derecho, uno más garante, que se base en el respeto pleno a los derechos humanos, los de libertad y los de igualdad, con el propósito de que la sociedad sea más libre e igualitaria, pues en condiciones de marginación y pobreza, es muy difícil que exista un clima propicio para enfrentar la corrupción2.

La lucha contra la corrupción entraña tomarse muy en serio el papel de los factores reales de poder: partidos, medios de comunicación electrónica, empresas nacionales y transnacionales, iglesias, ejército y, su incidencia en ella, pues la corrupción no puede entenderse sólo desde el análisis de los poderes públicos tradicionales o desde una visión exclusiva del sector privado o del social; los factores reales de poder mediatizan el funcionamiento de las instituciones públicas. También las cruzadas contra la corrupción deben situarse dentro de los parámetros del mundo de hoy: global, multicultural y pluriétnico, como es nuestro caso, de otro modo cualquier ejercicio de contextualización carece de relevancia, en tanto que la corrupción no es un fenómeno ahistórico, sino que tiene condiciones y manifestaciones particulares dependiendo de las características de cada sociedad concreta y del tipo de régimen político que en la particular situación impere.

La corrupción es una hidra que exige respuestas múltiples y complejas. Es insuficiente, como se ha hecho en México, concentrar casi  todos los esfuerzos institucionales en las prácticas y reglas electorales y descuidar el resto de las instituciones y prácticas, aunque en materia electoral el actual diseño favorece la corrupción como en el caso del financiamiento privado que vincula nocivamente al poder económico con el poder político y que permite que los empresarios después cobren sus dividendos e impidan que proyectos de leyes, como el de radio y televisión o en materia de telecomunicaciones no sean aprobados en el Congreso. Un poder judicial fuerte e independiente, por poner un ejemplo, de nada sirve si no existe una reforma profunda al ministerio público, a las policías y a la legislación penal. En México, es imprescindible construir un sistema de integridad nacional contra la corrupción, que entre otras medidas, además de los cambios de diseño institucional necesarios, parta de las siguientes premisas: 1) coordinación y vinculación entre todas las instituciones de investigación y resolución, federales y locales, que enfrentan la corrupción; 2) perfeccionar los mecanismos de combate a la corrupción política, porque ésta tiende a convertirse en corrupción pública, una vez que los partidos y los intereses económicos que están detrás de ellos integran los órganos de poder, para ello es necesario incrementar las atribuciones de fiscalización de los órganos electorales, publicitar los procedimientos de fiscalización a partidos y agrupaciones políticas y no sólo los resultados de esa fiscalización, derogar el financiamiento privado, que la propaganda político y electoral se difunda en los tiempos gratuitos –tiempos fiscales y tiempos del Estado–, y perfeccionar las reglas y principios de equidad para la competencia política3; 3) lograr en los órganos de accountability horizontal (tribunales, ministerio público, órganos de control externo, electorales, etcétera), mayores niveles de autonomía e independencia, así como de vigilancia ciudadana; 4) dirigir la lucha contra la corrupción no sólo a los poderes tradicionales (ejecutivo, legislativo y judicial), sino a todo el apartado del Estado y a los factores reales de poder; 5) propiciar mayores niveles de participación y deliberación social en las decisiones públicas; 6) transparentar de manera radical (procedimientos y resultados), el aparato del Estado y la organización y funcionamiento de los factores reales de poder: partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, medios de comunicación electrónica; 7) generar una cultura de la rendición de cuentas; 8) revisar el sistema de responsabilidades a los servidores públicos (políticas penales, administrativas, civiles, laborales, etcétera); 9) modernizar la administración pública y consolidar el servicio civil de carrera; 10) garantizar, fomentar y promover los derechos humanos, es decir, orientar toda la actividad del Estado a su promoción, desarrollo y respeto.

Como dice Federico Reyes Heroles4, la corrupción está vinculada a un sinnúmero de factores: por un lado, a la falta de libertades, no es casualidad que los países más corruptos son aquellos que restringen las libertades, pues en donde las libertades funcionan, la capacidad de denuncia de la sociedad es mayor y la corrupción tiende a disminuir; por otro, a la fortaleza institucional del Estado de derecho5. La Encuesta Mundial de Valores y el Latinobarómetro,  indican que las instituciones (leyes, todo tipo de normas, aparatos burocráticos) cuando son eficaces, funcionan bien –se orientan por los derechos humanos, por ejemplo– y combaten mejor a la corrupción. Además, la existencia de corrupción está relacionada con la falta de una conciencia acerca de que su práctica representa un problema mayor si, como en el caso mexicano, un 25 por ciento de la población la considera como algo “natural”, es obvio que habrá dificultades para enfrentarla. La corrupción se resuelve con transparencia y más transparencia, hacer sentir a los servidores públicos y ciudadanos que sus funciones, que tienen que ver con lo público o que inciden en lo público, serán observadas, fiscalizas y, en su caso, si existen responsabilidades, condenadas; una sociedad que no vigila y fiscaliza, promueve la corrupción. Para luchar contra la corrupción, es importante que los operadores jurídicos y los ciudadanos tengan adhesión a su sistema normativo, la tendrán sólo si consideran que éste tiene un origen democrático y está dirigido a salvaguardar derechos humanos. Igualmente, es importante hacer ver y demostrar a la ciudadanía y a los servidores públicos que la existencia de corrupción promueve el atraso de los países6, la ausencia de inversiones e incrementa las desigualdades sociales.

El fundador de Transparencia Internacional, Peter Eigen, en colaboración con Manuel Villoria Mendieta7, ha señalado para enfrentar la corrupción en España, los siguientes puntos fuertes: 1) un servicio civil profesional neutral e imparcial juega un importante papel en la lucha contra la corrupción, siempre y cuando, el acceso, la permanencia y los ascensos se den en condiciones de transparencia y equidad. En España, aunque el servicio civil de carrera tiene aproximadamente 100 años, aún existen deficiencias en la carrera profesional y en las retribuciones, por la existencia de elementos discrecionales y /o clientelares que impiden la plena transparencia y equidad en los procesos de selección y compensación; 2) existe una Fiscalía Anticorrupción que fue creada de forma consensuada entre el gobierno y la oposición en 1995 como consecuencia de los escándalos de corrupción de la primera mitad de los noventa. Forma parte del ministerio público que, en España como en México, no tiene independencia del gobierno. Sin embargo, la existencia de los jueces de instrucción españoles, dificultan la posibilidad de que el ministerio público archive discrecionalmente los casos; 3) el poder judicial en España goza formalmente de independencia. Sin embargo, carece de medios y de personal suficiente para enfrentar adecuadamente los escándalos de corrupción. Esta carencia ha llevado a importantes retrasos en la tramitación de procesos que han permitido a notorios criminales gozar de libertad provisional, inclusive; libertad que han aprovechado para huir; 4) el Defensor del Pueblo español juega un importante papel. Recibe por año mas de 20 mil quejas, admite alrededor del 60 por ciento y consigue la subsanación de cerca el 60 por ciento de las mismas; no obstante, como sucede en México, carece de capacidades de presión y sanción frente a la administración pública; 5) la Intervención General, que es un sistema de control interno de la administración, funciona de manera aceptable, aunque sus resultados se mejorarían si se reforzaran sus medios de control y la publicidad de sus actuaciones; 6) el Tribunal de Cuentas realiza una labor de fiscalización externa y también una labor de enjuiciamiento en los procesos por responsabilidad contable que pueden terminar con una condena de reintegro de cantidades económicas. Puede actuar de oficio o por acuerdo del pleno. Entre sus insuficiencias está la que no puede obligar al sector privado a mostrarle sus cuentas aunque  tenga negocios con el sector público.

Eigen y Manuel Villoria Mendieta8 mencionan entre los puntos débiles de ese país en su lucha contra la corrupción: la ausencia de códigos de conducta en los organismos públicos; la falta de protección a los denunciantes de corrupción; la cultura de la opacidad; lagunas en la normativa de conflictos de interés, pues aunque la ley obliga a una declaración de actividades al tomar posesión del cargo y al cese, a una declaración de bienes y derechos al tomar posesión y al cese y a una declaración anual de la situación tributaria, las sanciones, sin embargo, por el incumplimiento de estas declaraciones son muy leves y los órganos que investigan esas declaraciones son de jerarquía inferior y tienen escasas competencias, además de la falta de participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción y las dificultades de España para insertarse en la cooperación internacional anticorrupción. Ante las deficiencias españolas, se prevé que en fecha próxima, se aprueben algunas nuevas medidas anticorrupción, entre las que se destacan9:

“1. El gobierno ampliará y clarificará el régimen de incompatibilidades y registro de intereses de los miembros del gobierno y de los altos cargos y directivos de empresas públicas y organismos de control. Para hacer efectiva esta nueva normativa, el control de las incompatibilidades lo realizará un órgano independiente del gobierno.

“2. El gobierno publicará en el Boletín Oficial del Estado las declaraciones de actividades y bienes de los altos cargos, salvaguardando datos que afecten a la seguridad de las personas.

“3. El gobierno modificará la normativa de financiación de partidos, prohibiendo las donaciones de empresas y personas jurídicas y estableciendo la publicidad y registro de todas las donaciones de personas físicas, así como sus límites cuantitativos.

“4. Se creará la Agencia Nacional de Evaluación de Políticas Públicas.

“5. Se aprobará una ley de libre acceso a la información, que garantice s los ciudadanos el derecho a acceder en tiempo oportuno a toda información y documento oficial que considere de interés, respetando el derecho a la protección de datos personales.

“6. El gobierno garantizará la transparencia mediante ley la publicidad de las estadísticas y de los datos oficiales, que estarán a disposición de los parlamentarios y de los ciudadanos.

“7. El gobierno potenciará el debate político y los mecanismos de información y control parlamentario.

“8. Se reformará la ley electoral para asegurar la celebración de debates electorales y se limitarán estrictamente los gastos electorales.

“9. Se reformará RTVE (Radio y Televisión Española) para reforzar su independencia y objetividad.

“10. El gobierno modificará la normatividad sobre publicidad institucional y someterá todas sus campañas a un control previo de necesidad e imparcialidad para evitar que se realicen con cargo a los presupuestos públicos campañas de propaganda política o electoral”.

En Alemania, ciertas áreas de la economía, como la de la construcción son líderes en corrupción, y se estima que las pérdidas en un año con motivo de ésta pueden alcanzar la suma de 5000 millones de euros. Las razones de la corrupción, tienen relación en buena medida con los motivos institucionales: No existe una fiscalía anticorrupción, no hay ninguna ley que establezca que las empresas que hayan obrado corruptamente no podrán acceder a concursos públicos; no se concibe a la corrupción como un gran problema nacional y no hay una ley de transparencia y libertad de información que permita a la ciudadanía el acceso a las cuentas de los organismos públicos; en la administración alemana cualquier acto es estrictamente confidencial, hasta que se hace público; las empresas no pueden ser inculpadas; no hay protección para los que denuncian actos de corrupción, etcétera. En materia política en Alemania, se ha propuesto limitar las donaciones a partidos y candidatos, publicitarlas y prohibir donaciones de personas morales.

Los ejemplos de España y Alemania, como los de cualquier país10, ponen en claro que la corrupción no es un asunto que pueda tratarse con recetas que apuesten a un factor o instrumento único de solución. Se necesitan sistemas y planes integrales para su combate. Como ya se dijo, un sistema de integridad nacional que involucre al aparato del Estado, pero también a los factores reales de poder; que insista en la rendición de cuentas vertical (electoral, mediante la reelección, por ejemplo), pero también a la rendición de cuentas horizontal (ante otros poderes y órganos constitucionales autónomos) y a la rendición de cuentas social (a través de organizaciones no gubernamentales, protección de intereses colectivos y difusos y la movilización social); que considere como arma privilegiada la transparencia de los actos públicos de resultados y decisiones, pero fundamentalmente de procedimientos; que promueva y consolide la profesionalización del servicio público; que aliente reformas legales que impliquen nuevas conductas punibles y sanciones más severas; que el marco constitucional promueva una sociedad cada vez más abierta (con más libertad de expresión e información); que se decante por la educación en contra de la corrupción y genere la construcción de una ciudadanía activa; que prohíba los monopolios y fomente la libertad de mercado bajo condiciones de “fair play”; que se entienda que se trata de un fenómeno complejo que exige remedios nacionales e internacionales; etcétera.

Es evidente que los sistemas de integridad nacional requieren de estímulos políticos para su realización. En ocasiones se fracasa por no existir acuerdo o consenso entre los sectores relevantes de la sociedad. Puede ocurrir que el Presidente no tenga una visión integral del problema, que los altos funcionarios del Estado no sientan comprometidos con los cambios, que los gobernantes electos olviden sus promesas, que las reformas se lleven a cabo de manera dispersa y sin coordinación, que se entienda que la lucha contra la corrupción se desenvuelve sólo en el terreno legal-formal, que los cambios se concentren en la baja burocracia o que existan, como suele ocurrir, intereses que se resistan a un cambio profundo. El sistema de integridad nacional es posible cuando los arreglos de construcción democrática más importantes están en marcha, si esto no ocurre, el combate a la corrupción queda supeditado al éxito que tengan ellos.

Comenzar desde la reforma democrática

Dice Virgilio Zapatero que el sistema democrático11 no puede organizarse sino es a partir de cierta desconfianza hacia quienes detentan el poder político. La democracia funciona mejor si hay profesionales que hagan funcionar las alarmas escrutando los actos de los gobernantes. Además de combatir la corrupción con premios y castigos se necesita una infraestructura moral de la sociedad y de sus dirigentes, unas relaciones de lealtad que taponen en el plano individual los resquicios que dejan las instituciones y las leyes. Sin ese mínimo moral, difícilmente las instituciones funcionarían12.

La democracia representativa no está bien equipada para combatir la corrupción. Ésta se concibió a partir de la selección de unos pocos miembros de cada uno de los grupos en que se consideraba dividida la sociedad, el sistema representativo permitía la plena representación de esos sectores. El problema es que esa democracia ya no representa a muchos sectores sociales, debido a la complejidad y heterogeneidad de las sociedades contemporáneas. La democracia representativa no abarca a “toda” la sociedad. Además, el sistema  representativo ha ido abriendo más y más la brecha entre representantes y representados; la desconexión es patente, de ahí la crisis de esta forma de democracia y la pertinencia del término usado por O´Donnell de democracia delegativa para referirse a las democracias latinoamericanas que no cuentan con fuertes mecanismos de rendición de cuentas horizontales13.

Aunque la democracia representativa ideó un sistema de pesos y contrapesos para  controlar el poder y la arbitrariedad, este mecanismo ha perdido su ímpetu: carece de profundidad deliberativa, se delibera, acaso en otra parte, como en los medios, existe complicidad entre los poderes, produce opacidad y ha conducido a una guerra armada y perpetua entre las distintas ramas del poder, que en ocasiones conduce al congelamiento y a la parálisis institucional14, si se supera la parálisis, los contenidos de la ley se negocian y contractualizan o un poder fagocita a los demás y los subyuga, limitando su independencia. Los auténticos poderes no están en las instituciones tradicionales, sino al margen de ellos; estos poderes (partidos, medios, intereses transnacionales y globalizadores) manipulan el funcionamiento de los poderes tradicionales, no actúan con transparencia ni deliberan, reducen a las instituciones a su mínima expresión y constituyen una máscara o correa de transmisión de esos factores reales de poder. Las decisiones de los meta-poderes están totalmente fuera del control ciudadano.

La influencia de los factores reales de poder ha obligado a construir nuevos órganos, los constitucionales autónomos, con el propósito de controlarlos. Sin embargo, esos nuevos órganos son colonizados y mediatizados en muchas ocasiones por los factores reales de poder, principalmente por los partidos políticos. Ante este panorama, la corrupción tiene un campo fértil. La democracia representativa no representa a muchos sectores, en ella, algunos obtienen ventajas y otros quedan permanentemente al margen, la rendición de cuentas no es efectiva –en ocasiones ni la vertical por la compra de votos, poder de manipulación de los medios, parcialidad de los órganos electorales–, el sistema de pesos y contrapesos no ha propiciado la rendición de cuantas horizontal por la colonización y mediatización de poderes y órganos autónomos a cargo de factores reales de poder, la sociedad no cuenta con mecanismos poderosos para proteger sus derechos individuales, colectivos y difusos y no existen mecanismos procesales para acceder efectivamente a la justicia.

Las fallas del sistema representativo hacen que los ciudadanos no sean fieles al sistema normativo, éste carece de legitimidad. La corrupción es una respuesta, ciertamente inadecuada, pero inevitable, para sobrevivir y obtener ventajas, en un esquema en el que se confía poco en las instituciones. No se cree en ellas porque no funcionan. La corrupción es una de las respuestas a la incapacidad para construir una democracia de calidad.

El concepto democrático no puede reducirse sólo a elecciones y el ciudadano, no puede ser rehén en las etapas interelectorales. Hace falta poner el acento en diversos temas que la democracia representativa olvida: la participación ciudadana, la publicidad de los asuntos públicos, el reconocimiento de la deliberación, la rendición de cuentas horizontal y social, contrarrestar el poder de los factores reales del poder para que no se excluyan del campo del derecho y democratizar internamente tanto organizaciones como partidos políticos.

En este contexto, la participación ciudadana15 tiene muchas ventajas para compensar algunas insuficiencias de la democracia representativa, entre las que señalamos: 

1) Incluye a sectores excluidos.

2) Involucra a los ciudadanos en los asuntos públicos, con lo que se legitima el sistema político y las decisiones que se adoptan en la sociedad.

3) Permite como en Brasil y la India –los presupuestos participativos– la redistribución de la riqueza mediante el señalamiento de las prioridades sociales en el gasto.

4) Es un mecanismo que vuelve a unir a gobernados con gobernantes.

5) Auxilia en el combate a la corrupción a través de mecanismos de control ciudadano, por ejemplo, la auditoría ciudadana permite dar seguimiento a los servidores públicos en la toma de decisiones para advertir si cumplen debidamente con sus cometidos.

6) Puede combinarse con la democracia representativa.

7) Son válvulas de escape frente al descontento popular.

8) Permiten que voces que no son normalmente tomadas en cuenta sean escuchadas.

9) Son mecanismos de participación alternativos a los partidos.

10) Limita el elitismo político, promueve la movilidad de las élites políticas y, alienta la transparencia en la deliberación de los asuntos públicos.

Respecto a los mecanismos de democracia participativa debe asumirse que los ciudadanos deben tener la oportunidad de evaluar la responsabilidad del gobierno en términos de la satisfacción de sus necesidades y requerimientos; sólo los ciudadanos son capaces de hacerlo porque saben más que los gobernantes acerca de sus necesidades. La participación es un correctivo a las deficiencias de la democracia representativa y es un instrumento poderoso para enfrentar la corrupción.

En cuanto a la publicidad de los actos de poder, lo primero que debe señalarse es que no es un dato marginal o secundario a la democracia. El ciudadano debe no sólo informarse para después decidir, sino informarse para vigilar al representante16. Como lo ha explicado Amartya Sen17, los malos gobiernos necesitan el secreto para sobrevivir, pues permiten que se perpetúen la insuficiencia, el despilfarro y la corrupción como en el caso de las hambrunas que existen en países sin prensa libre y publicidad y nunca en aquéllos que mantienen abierta la información.

La publicidad exige un grado máximo de realización, es un “mandato de optimización”18 y esa instrucción se refiere no sólo a la publicación de las medidas legales, administrativas y judiciales adoptadas, sino al procedimiento que precedió el dictado de las medidas19. En nuestro país hace falta una reforma legal que abra a la publicidad también los procedimientos para la determinación de resultados. Estas reformas deben comprender además la autonomía plena del órgano que garantiza el acceso a la información (Instituto Federal de Acceso a la Información Pública gubernamental) para que no permanezca dentro de la órbita del ejecutivo, reducir el número de causales de la información reservada, incluir como sujetos obligados de la ley, partidos, organizaciones empresariales, sindicatos, iglesias y a todo el aparato del Estado, obligar a todos los órganos de composición colegiada del Estado y en todos los niveles de autoridad a la plena publicidad, garantizar que cualquier procedimiento de fiscalización en donde estén involucrados recursos públicos sean públicos, designar a los titulares del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental con participación ciudadana.

Una materia relevante para la publicidad política y el combate a la corrupción es la publicidad de la vida interna de los partidos. Los partidos no sólo deciden sobre candidaturas y dirigencias, sino sobre políticas públicas, estrategias legislativas, administrativas, judiciales, electorales; por eso es que sus decisiones y procedimientos deben abrirse. Sin la presencia de los partidos no puede explicarse ningún sistema constitucional y político contemporáneo.

La deliberación de los asuntos públicos es un electo fundamental en una democracia avanzada. La democracia deliberativa demanda que la autorización para ejercer el poder sea la consecuencia de una permanente discusión, mediante el establecimiento de un esquema de disposiciones que garanticen la responsabilidad y la rendición de cuentas ante los ciudadanos por parte de quienes ejercen el poder público, no sólo a través de elecciones, sino con procedimientos públicos de argumentación que disputan con la clase política las prerrogativas de la  decisión política20. La deliberación funciona si se dan una serie de condiciones que Habermas ha expuesto en la filosofía21 y que Alexy en el campo del derecho ha desarrollado22.

Los partidarios de la democracia deliberativa son concientes de que la regla de la mayoría no garantiza la imparcialidad. Una decisión apoyada por una mayoría y no por todos los involucrados en el conflicto puede ser parcial. La unanimidad tampoco es ideal, en buena medida por las necesidades reales de tomar una decisión en tiempo limitado: la unanimidad como regla exclusiva conduciría indefectiblemente al status quo. Nino defiende la deliberación por su carácter inclusivo, público, argumentativo, igualitario, porque coloca sobre la mesa razones, y no sólo intereses egoístas y, por su tendencia a la imparcialidad derivada de la colegiación de las decisiones en un proceso abierto, integrador, basado en la razonabilidad y en el mejor argumento23. Otros se oponen a ella, por su carácter ideal, utópico, y porque el consenso que puede resultar de la deliberación, limita la disidencia, por lo que prefieren el aliento a la competencia política para profundizar en la democracia24. La deliberación potencia la esfera pública y el ámbito social frente y respecto a los planos estatales o centrados en la clase política. La sociedad no se entiende como una entidad pasiva que espera señales de los políticos que compiten por su favor. Más bien, determina el comportamiento de los políticos, asume un papel activo,  propositito y no meramente reactivo. La democracia deliberativa intenta resolver el problema de la conexión entre el mundo de la esfera pública informal y social con el sistema político formal. El lugar de la deliberación está centrado en la esfera pública y piensa al proceso institucional como un proceso de constitución de instituciones para la deliberación pública25.

México, durante decenios no tuvo regulación en materia de derecho a la información. En la reforma política de 1977, se modificó el artículo 6 de la Constitución para establecer el derecho a la información; sin embargo, fue hasta el martes 11 de junio de 2002, que el Diario Oficial de la Federación publicó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esta ley prevé el primer marco sobre el derecho a la información en nuestro país, pero posee deficiencias notables para la transparencia, entre ellas destacamos:

1) No es una ley para todos los poderes y órganos del Estado. Es una ley preponderantemente para la administración pública.

2) Remite, en el caso del resto de los poderes y órganos del Estado a reglamentos41 lo que viola el principio de reserva de ley de los artículos 13 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

3) El órgano encargado de garantizar el derecho de acceso a la información y transparencia, forma parte de la administración pública42. No es un órgano constitucional autónomo y no goza de suficiente independencia para realizar su labor.

4) Es una ley que limita a los sujetos obligados. No son sujetos obligados los partidos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, medios de comunicación, etcétera.

5) Contiene reservas a los procedimientos decisorios que son inaceptables en una democracia: expedientes judiciales, procedimientos administrativos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado; procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se dicte la decisión definitiva; la que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que forman parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual debería estar documentada.

Además, existen muchas otras leyes federales y locales que establecen reservas a la información, lo que significa que el marco de confidencialidad, reservado y secreto es muy amplio en México. La remisión que hizo el artículo 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, también ha implicado reservas adicionales. Los poderes públicos y órganos constitucionales autónomos incorporaron reservas en sus reglamentos que no están justificados. El colmo fue el poder judicial federal que ha tenido en los últimos meses dos reglamentos en la materia. El primero tuvo que ser modificado por su carácter altamente restrictivo.

Lo anterior pone de manifiesto las deficiencias de nuestro marco jurídico que se supone debe garantizar el derecho a la información. Falta que se entienda en nuestro país que la mejor manera de combatir la corrupción en México se da a través de la publicidad y la transparencia. Creemos que puede haber una ecuación simple que establezca que a más transparencia menos corrupción. El derecho a la información no es un derecho humano más, es el derecho político por excelencia. Como en su momento dijo la Suprema Corte de Estados Unidos –The New York Times versus Sullivan–, los temas que versan sobre asuntos de relevancia pública demandan una protección aún más amplia que lo normal y, desde luego, cabe en ellos la exageración, el error y la denigración de los afectados, inclusive, porque tales cosas son inevitables en un debate abierto43. La transparencia es el alma del sistema democrático, sólo quien no tiene “miedo a saber” es capaz de ser ciudadano en una sociedad abierta. La verdad en una democracia no puede ser una verdad oficial, una verdad dictada desde el poder, sino algo que debe ser descubierto y aceptado por la razón. Las sociedades políticas de las democracias modernas deben ser sociedades deliberativas y decisorias. Debemos entender que el fundamento de una sociedad democrática es la concepción del individuo como protagonista en una convivencia política raciocinante. Las sociedades modernas son un foro abierto, donde la información debe fluir. Una sociedad democrática es aquella que maximiza la información y protege que ésta se produzca sin coacción y en libertad.