¿Quién manda hoy en el arte?
sábado, 30 de abril de 2011
“El problema en el arte es la falsedad y la corrupción” por Ulises Ramírez
luchando contra la corrupción en Bolivia por Ulises Ramírez
La Paz. Bolivia. AFP.- “Al nuevo comandante sobre todo, me atrevo a decir, que tiene 90 días para erradicar el cáncer dentro la Policía Nacional. Y ¿qué es ese cáncer para mí?: son los ‘volteos’ (decomiso y apropiación ilegal de droga), es la ‘cobertura’ (protección), es el llamado ‘toco’ (coima)”, afirmó Morales, durante un acto público en el presidencial Palacio Quemado. El mandatario juramentó al coronel Ciro Farfán Medina, jefe de una unidad antirobos, como nuevo comandante de la Policía, en reemplazo del general Oscar Nina, un ajuste poco usual a esta altura del año, pues este tipo de nombramientos se dan en enero o en diciembre. El presidente Morales no precisó si el cambio se debía a que existen sospechas de corrupción sobre el general Nina. Sin embargo, la remoción se produce a más de dos semanas de que el ex jefe antidrogas de Morales y encargado de una oficina de inteligencia del Ministerio de Interior, general jubilado René Sanabria, fuera detenido en Panamá y trasladado por la DEA a Estados Unidos, bajo el cargo de tráfico de cocaína.
Filipinas admite que su Ejército ha sufrido una corrupción asombrosa por Ulises Ramírez
El Gobierno filipino reconoció hoy que su Ejército ha perdido una “cantidad asombrosa” de fondos militares por culpa de la corrupción en los últimos años, según las primeras conclusiones de su comité investigador. El portavoz del Departamento de Defensa, Eduardo Batac, aseguró que el comité está terminando de redactar sus 86 propuestas para evitar la corrupción en las compras de nuevo material logístico y armamentístico y en los pagos de salarios a los soldados. Batac afirmó que su departamento facilitará el procesamiento de los altos cargos militares implicados en asuntos de corrupción y tratará de evitar que se produzcan nuevos casos en las Fuerzas Armadas filipinas, integradas por 126.000 soldados. Según explicó, el Departamento de Defensa baraja nombrar a civiles para cargos relacionados con la gestión del presupuesto militar para así evitar tentaciones en una de las Fuerzas Armadas con menos recursos del mundo y con los salarios más bajos.
miércoles, 27 de abril de 2011
Disminuir la corrupción y elevar el desarrollo económico por Ulises Ramírez
Todo poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente
Lord Acton
Dividir o descentralizar el poder significa necesariamente reducir la cuantía absoluta del poder, y el sistema de la competencia es el único sistema dirigido a hacer mínimo, por descentralización, el poder que los hombres ejercen sobre los hombres
Friedrich August von Hayek
Uno de los problemas que se comenta a diario es la corrupción en el país. Hay un estudio (1) que indica una correlación entre el tamańo del Estado y la corrupción. Los países subdesarrollados son los que más sufren este fenómeno, mas que nada cuando los gobiernos estan en poder de grandes commodities (entre otros, el petróleo). Otro trabajo (2) describe las causas de la corrupción como restricciones comerciales, subsidios, controles de precios, bajos salarios en servicios civiles, dotación de recursos naturales y factores sociológicos. Mientras más grande el tamańo del Estado y su intervencionismo en la economía, aumenta la corrupción.
Sin embargo, la literatura de la elección pública (public choice) no explica porque la corrupción es mayor en algunos países que en otros (Bardhan: 1341). En este caso por ejemplo, se puede decir que el tamańo del Estado sueco es más grande que el ecuatoriano, pero la corrupción –según Transparency International, es mayor en el Ecuador (138) que en Suecia (6). En esto tiene mucho que ver las costumbres de los escandinavos, ética y trabajo duro, incluso si los impuestos y asistencia social se incrementa. Para esto, el gasto público se duplicó en Suecia entre 1960 y 1980, de 30 a 60% del PIB. Pero el modelo sueco empezó a perder posiciones cayendo al puesto 14 en el rankig de la OCDE sobre el ingreso per cápita.
A pesar de lo disciplinado que los suecos han sido a través del Estado Benefactor, han perdido competitividad dentro del mundo irreversiblemente globalizado. Ante esto, los escandinavos han despertado y es así como ahora Suecia comienza a desarmar su esquema socialista, buscando atraer inversiones para poder ser competitivos y volverse “un país normal”.
Un análisis (3) sobre la elección entre las fallas del mercado y corrupción -y que propone futuras investigaciones, resalta que la intervención del gobierno crea oportunidades para corromper, rentas para empleados públicos y mala asignación de los recursos.
Por partida doble vemos que para reducir la corrupción y deterioro económico es necesario la disminución del tamańo del Estado y su intervencionismo en la economía, siendo elemental instituciones fuertes, desconcentración de poderes, sistema de competencia y una economía de libre mercado.
Al respecto el gobierno actual parece dar seńales contrarias, pues habla del socialimo del siglo XXI, y a la ecuatoriana. Para esto incrementa el tamańo del Estado, elevando el gasto público para promocionar el plan socialista, inclusive llenando en Guayaquil el Puente de la Unidad Nacional con propaganda del Gobierno. El resto de abusos de poder, irregularidades y hasta denuncias de actos de corrupción son de conocimiento público.
El país entero debe reflexionar y elegir bien para la futura millonaria asamblea que cambiará la Constitución (98% de la población no ha leído la Constitución -Cedatos Gallup) por enésima vez y escoger a quienes propongan verdaderos cambios, como lo están haciendo países que están saliendo del subdesarrollo, sacando a la gente de la pobreza creando riquezas.
Ulises Ramírez habla de ejemplo de Corrupción en China
China castigó a más de 17.500 funcionarios durante los primeros ocho meses de este año 2006 por participar en actos de corrupción, informó la agencia estatal de noticias de ese país Xinhua.
Este anuncio se produce en momentos en que se lleva a cabo una investigación por corrupción en Shangai, que involucra la utilización ilícita de fondos para las pensiones de la ciudad.
Según la agencia de noticias Associated Press los funcionarios Ling Baoheng y Wu Hongmei de la Comisión de Administración y Supervisión de Fondos del Estado, están siendo interrogados.
Desde comienzos de 2003 las autoridades han castigado a un total de 67.505 funcionarios gubernamentales por corrupción, informó Xinhua.
"Las cifras de castigos demuestran que los fiscales chinos están decididos a eliminar la corrupción", dijo Wang Zhenchuan, subdirector de la fiscalía.
El fiscal general, Jia Chunwang, dijo en una conferencia sobre el tema que se lleva a cabo esta semana en Pekín que "la corrupción, si no es controlada, socavará la democracia y el imperio de la ley y provocará un aumento del crimen organizado y el terrorismo".
Escándalo en Shangai
El escándalo de corrupción más publicitado en los últimos meses es la investigación en curso de la presunta utilización ilícita del multimillonario fondo de pensiones de Shangai.
Según informó un periódico de Hong Kong, más de 50 personas han sido detenidas en conexión con el escándalo, incluyendo varias altas autoridades de Shangai así como empresarios.
La primera figura importante que fue destituida de su cargo el mes pasado fue el líder del Partido Comunista en Shangai, Chen Liangyu.
Otros funcionarios de alta jerarquía alcanzados por el escándalo incluyen el director de la Fórmula 1 en China, Yu Zhifei, quien fuera interrogado por las autoridades y el principal estadístico del país, Qiu Xiaohua, quien fue destituido de su cargo.
Uno de los hombres más ricos de China, Zhang Rongkun, fue arrestado el fin de semana.
Más de cien investigadores del gobierno central fueron enviados a Shangai para investigar la desaparición de unos US$1.250 millones del fondo de seguridad social.
Los fondos fueron utilizados presuntamente para préstamos ilegales e inversiones inmobiliarias y otros negocios que involucran infraestructura.
Según el corresponsal de la BBC en Shangai, Quentin Somerville, el escándalo de corrupción pone de relieve los problemas que enfrentan aquellos que quieren terminar con los sobornos en China.
Los tribunales no operan independientemente y casi todos los detenidos no han sido vistos, ni se ha oído nada de ellos desde el momento de su detención, agrega.
Los investigadores son pocos y los controles usuales y los balances que exponen la corrupción, como la libertad de prensa o las elecciones abiertas regulares, no existen, señala Somerville. (BBC Mundo).
Ulises Ramírez habla de La Corrupción en Colombia
En el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, Colombia partió de un puntaje de 2,2/10 en 1998. En 2006 el país obtuvo una puntuación de 3.9/10, en 2007 alcanzó 3.8/10 entre 183 países, y en 2008 obtuvo la misma calificación 3.8/10, esta vez entre 180 países, ubicando a Colombia en el puesto 70.
Según LAPOP – 2007, la percepción de corrupción en el país es de 74.2% frente a 73.9% en 2006, 68.2% en 2005 y 73,5% en 2004. Sin embargo, la corrupción es un problema prioritario solo para el 2.9% de los entrevistados, cifra muy distante de la calificación dada a la violencia (31.49%) y al desempleo (20.7%).
La corrupción es el segundo factor que más dificulta la realización de negocios para las empresas colombianas, en la opinión de los empresarios (World Economic Forum 2007).
El 91% de los empresarios considera que hay empresarios que ofrecen sobornos en sus negocios. El 11% de los empresarios afirma tener programas integrales y continuos e invierte recursos contra el soborno. (Transparencia por Colombia y U.Externado de Colombia, Primera Encuesta Sobre Prácticas Contra el Soborno en Empresas Colombianas 2007).
Según la Encuesta Probidad 2006, un 16,92% considera que el empresario interesado es quien ofrece soborno. Del 28,4% de los empresarios que fue victima de algún tipo de solicitud de dinero, favores o regalos a cambio de algún servicio por parte de un funcionario del Estado, tan solo un 8,52% denunció efectivamente el caso.
Según el Barómetro Global de la Corrupción 2007, los colombianos se muestran muy pesimistas con respecto a la disminución de la corrupción en los próximos tres años, un 52% afirma que las prácticas corruptas van en aumento. Frente a la actuación del gobierno en la lucha contra la corrupción, los colombianos se encuentran muy polarizados. Un 49% piensa que las medidas tomadas han sido eficaces mientras que un 41% percibe lo contrario.
Los partidos políticos reciben una calificación de 4,0/5 y el congreso con 3,9/5, donde 1 es nada corrupto y 5 muy corrupto. Los sectores mejor calificados por los colombianos encuestados son el ejército, las ONG y los organismos religiosos compartiendo una calificación de 2,8/5; y los medios de comunicación con 2,9/5. (Barómetro Global de la Corrupción 2007).
De acuerdo con el Barómetro 2007 de Transparencia Internacional, los colombianos calificaron con 3.0 el nivel de percepción de corrupción de la rama judicial, donde 1 es nada corrupto y 5 muy corrupto. En una escala de 0 a 100, el sistema de justicia nacional fue catalogado por los colombianos con un nivel de confianza de 52.7, por debajo del promedio de confianza del total de instituciones (54.0), según el estudio LAPOP 2007.
Los resultados del Índice de Transparencia de las Entidades Públicas señalan que los niveles de transparencia en la gestión administrativa de las entidades nacionales aumentaron 13 puntos entre las mediciones del 2003 y el 2005, con un promedio de 75.7/100 puntos. Las entidades departamentales obtuvieron un promedio de 52.3/100 en el 2006, lo que representó un punto de aumento en relación a la calificación del 2003. El nivel municipal señaló una calificación promedio de 57.9/100 en el 2006. En el ámbito nacional, la calificación promedio más alta la obtiene el sector comercio con 90/100 y el promedio más bajo lo tiene la rama legislativa con 55.7/100. Los gobiernos departamentales obtienen 59.6/100, mientras que las Contralorías obtienen 57.5/100. Los municipios con mejores promedios se ubican en la categoría 1 con 68.8/100 puntos y los de menor promedio en la categoría 6 con 54.8/100.
sábado, 23 de abril de 2011
Ranking Corrupción Transparencia Internacional 2009 por Ulises Ramírez
El Top 10 de los países menos corruptos:
- Nueva Zelanda 9,4% Índice de corrupción
- Dinamarca 9,3% Índice de corrupción
- Singapur 9,2% Índice de corrupción
- Suecia 9,2% Índice de corrupción
- Suiza 9,0% Índice de corrupción
- Finlandia 8,9% Índice de corrupción
- Holanda 8,9% Índice de corrupción
- Australia 8,7% Índice de corrupción
- Canadá 8,7% Índice de corrupción
- Islandia 8,7% Índice de corrupción
El Top 10 de los países más corruptos
- Somalia 1,1% Índice de corrupción
- Afganistán 1,3% Índice de corrupción
- Myanmar 1,4% Índice de corrupción
- Sudán 1,5% Índice de corrupción
- Iraq 1,5% Índice de corrupción
- Chad 1,6% Índice de corrupción
- Uzbequistán 1,7% Índice de corrupción
- Turkmenistán 1,8% Índice de corrupción
- Iran 1,8% Índice de corrupción
- Haití 1,8% Índice de corrupción
El país más corrupto de Sudamérica: Venezuela
Los países menos corruptos en la Región Andina: Chile (Puesto 25 – 6,7% CPI) y Uruguay (Puesto 26 – 6,7% CPI)
CORRUPCION Y SOCIEDAD EN HONDURAS Por Ulises Ramirez
"La corrupción es el principal desafío que enfrenta el país. Es el obstáculo más serio para el desarrollo del sector privado, según los empresarios, y el tercer problema más serio, después del crimen y el alto costo de la vida, según los ciudadanos. Los hondureños perciben que la corrupción es generalizada; uno de cada cinco hondureños ha sido víctima de la corrupción" Así dice el primer párrafo de las "Conclusiones del Diagnóstico" contenidas en el documento que resume la Estrategia Nacional Anticorrupción del gobierno de Honduras.
En efecto, la corrupción se ha convertido ya en un problema de tal magnitud e importancia que no es posible subestimarlo ni, mucho menos, ignorarlo. Su ampliación creciente, su gradual masificación y su innegable capacidad para reproducirse y diversificarse a través de todo el tejido social e institucional del país, le conceden una capacidad desintegradora muy grande y la convierten en un factor clave para explicar y entender la crisis por la que atraviesa Honduras.
En los últimos años, sobre todo durante el proceso de transición política desde el autoritarismo de los regímenes militares hacia un sistema político democrático y plural, la corrupción se ha hecho cada vez más visible y manifiesta. Es como si la visibilidad de la corrupción se hiciera más notoria y vigente, a medida que la sociedad se abre cada vez más hacia una convivencia democrática y tolerante. Y por ello, no es casual que algunos analistas y estudiosos del tema concluyan fácilmente que hay un vínculo estrecho entre la transición hacia la democracia y el crecimiento de la corrupción, su desarrollo e institucionalización. O sea que la democracia y la corrupción, de acuerdo a esa visión crítica, marcharían juntas y se desarrollarían en forma paralela, estimulándose mutuamente y generando, cada una por su lado, condiciones oportunas para su propia ampliación y reproducción.
Esa es una conclusión que, además de falsa, puede resultar dañina y peligrosa. La corrupción no es inherente a la democracia ni la democracia es el mejor caldo de cultivo para la corrupción. Lo que pasa es que la democracia, a diferencia de los sistemas autoritarios o totalitarios de gobierno, crea las condiciones más apropiadas para sacar a flote la corrupción, facilita el espíritu de denuncia entre la población y genera la búsqueda de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. En otras palabras, la democracia, al ampliar y vitalizar los espacios de la política, hace más visible la corrupción y, por lo mismo, contribuye a dimensionar su significado y consecuencias.
La corrupción en Honduras no es un fenómeno nuevo ni es, claro está, un problema exclusivo de nuestro tiempo. Surgió y se desarrolló a través de la historia, tiene antecedentes definidos y causas de origen claramente establecidas. A lo largo de su crecimiento y consolidación, la corrupción ha evolucionado a través de diversas fases y etapas que han condicionado directamente su contenido, sus alcances y la magnitud de su impacto al interior de la sociedad.
En la historia reciente de nuestro país, la corrupción ha atravesado al menos por las siguientes fases o periodos: 1) los regímenes militares; 2) la transición política hacia la democracia y el Estado de derecho, y 3) la sociedad hondureña post Mitch.
Conservando siempre su naturaleza negativa y dañina, la corrupción ha mostrado rasgos y características distintas en las diferentes fases de su crecimiento y desarrollo, en atención a los niveles de impunidad, al secreto y misterio que la rodea, a las demandas de transparencia que crecen entre la ciudadanía o al clima - ora permisivo, ora intolerante - que la sociedad genera en torno de la misma.
A. LA CORRUPCIóN EN LOS REGíMENES MILITARES
En el largo periodo que va desde el golpe de Estado del 03 de octubre de 1963 hasta el año 1980, cuando da inicio el proceso de transición política hacia la democracia, la sociedad hondureña vivió casi ininterrumpidamente bajo el control absoluto de los regímenes militares. Con la brevísima excepción del interregno político que significó el gobierno de Ramón Ernesto Cruz (junio de 1971 a diciembre de 1972, apenas 18 meses), las Fuerzas Armadas rigieron los destinos del país, impregnando con su estilo y autoritarismo todas las instancias de la vida pública, la institucionalidad y la cultura política de Honduras.
Los espacios para la crítica eran muy reducidos y las posibilidades para la denuncia pública tenían los límites que imponía el voluntarismo castrense. En tales condiciones, la corrupción oficial podía fluir más libremente y sin cortapisas, sin los obstáculos de la vigilancia colectiva ni la incomodidad de la rendición de cuentas. La impunidad que rodeaba los actos ilegales de los gobernantes militares y sus colaboradores civiles, funcionaba como una garantía de primer orden que aseguraba y afianzaba las estructuras, el sistema y los estilos de la corrupción gubernamental.
La debilidad o ausencia de los mecanismos contralores sobre la administración pública, sumadas a la amplísima discrecionalidad de los jefes militares en el manejo de los recursos públicos, favorecían el desarrollo de la corrupción y facilitaban su proliferación e impunidad. Pero, en ese entonces, la corrupción todavía no había alcanzado los niveles y el impacto que exhibe en la actualidad. Era una corrupción más bien de carácter artesanal, originada en los espacios de la autonomía castrense que rodeaban a los jefes militares en sus respectivas jurisdicciones políticas. Se trataba, por así decirlo, de una corrupción más individualizada que institucional, más ocasional que sistémica.
El contrabando, la venta de influencias, las comisiones en las compras y contrataciones del Estado, el cohecho o la oportuna gratificación bajo la mesa, el subsidio político cuidadosamente calculado, el despilfarro y la generosidad espléndida, amparados en la discrecionalidad ilímite de tal o cual jefe castrense, eran las formas más habituales y recurrentes que adquiría la corrupción oficial en aquéllos no tan lejanos tiempos.
La denuncia de tales hechos, aunque se producía en forma ocasional y esporádica, todavía no había adquirido - no podía hacerlo entonces - el carácter masivo y constante que llegó a exhibir después. La crítica de las prácticas corruptas de los jefes militares ocupaba un segundo lugar frente a las urgencias por el retorno a la constitucionalidad y al Estado de Derecho. Las escasas denuncias que se producían nunca derivaban en acciones penales concretas en contra de los culpables por los actos de corrupción. El cuestionamiento de la conducta y el comportamiento público de los militares no siempre encontraba la amplitud generosa de las primeras planas ni solía estimular el espíritu crítico de la prensa.
No es casual que uno de los grandes escándalos de corrupción durante el periodo de los regímenes militares, el soborno pagado por la empresa bananera transnacional United Brands a funcionarios del gobierno castrense de entonces, sólo fuera conocido en Honduras como resultado de su divulgación en la prensa norteamericana. La noticia publicada en el diario Wall Street Journal en abril de 1975 desató un vendaval de reclamos, comentarios y especulaciones en la sociedad hondureña. El escándalo alcanzó tal magnitud, que el gobierno que presidía el entonces general Osvaldo López Arellano no tuvo más alternativa que conformar sobre la marcha una comisión investigadora que debía llegar al fondo del asunto y sacar a flote las interioridades del caso. De hecho, fue la primera y más importante comisión investigadora formada en el tiempo de los regímenes militares para investigar un caso concreto de corrupción. Aunque sus resultados fueron un tanto ambiguos y limitados, esa comisión permitió establecer con claridad la naturaleza del hecho corrupto y señaló al menos a uno de sus principales responsables. La acción penal fue limitada, condicionada en gran parte por la impunidad reinante, y el acto de corrupción más publicitado y aireado de la etapa militar quedó sin el merecido castigo.
La naturaleza misma de los regímenes castrenses, con su estructura vertical y autoritaria, unipersonal e inflexible, no era ni podía ser circunstancia propicia para la denuncia y el rechazo de la corrupción oficial. El carácter hegemónico del poderío militar se había convertido ya en el terreno más adecuado para el florecimiento de la corrupción oficial. La cultura de la secretividad, cultivada con esmero casi demencial por los jefes y jefecillos militares, así como por sus funcionarios y servidores civiles, servía para afianzar las condiciones de oscuridad y ocultamiento que negaban hasta la mínima posibilidad de apertura y transparencia. El militarismo, en tanto que sistema cerrado y excluyente, caudillesco e intolerante, favorecía el secreto y el misterio, invocando muchas veces dudosas razones de seguridad estatal. La razón de Estado como razón primera y causa original de la impunidad castrense.
Por todo ello, la investigación sobre la corrupción militar no sólo resultaba difícil y laberíntica, sino que también, a menudo, devenía en algo peor, en algo tan siniestro como peligroso. Buscar la información, ubicarla y acceder a ella, se volvían tareas casi imposibles cuando no aventuras peligrosas. El derecho humano a recibir y buscar información quedaba totalmente anulado por la voluntad omnímoda, ansiosa de oscuridad y secreto, del poder militar. Al negar y ocultar la información, el régimen castrense bloqueaba la transparencia y aseguraba su propia impunidad. En condiciones semejantes, la corrupción gozaba de un ambiente óptimo para la invisibilidad y el silencio; sus posibilidades de afianzamiento y prosperidad estaban tan aseguradas como favorables eran sus perspectivas de desarrollo y ampliación.
Pero el carácter individual que a menudo revestía el acto de corrupción, se convertía, sin quererlo, en un freno que limitaba su sistematización estructural. El jefe corrupto creaba su propio espacio, cerrado e impenetrable, de corrupción personal. Generaba, por así decirlo, dinámicas sectoriales de corrupción artesanal y privada. Y, de esa forma, el aparato del Estado, poco a poco, casi sin que la sociedad se diera cuenta, se iba convirtiendo en un archipiélago de islotes de corrupción, un conjunto heterogéneo y difuso de esferas de influencia y prácticas corruptas tan intocables como personalizadas.
La irrupción del narcotráfico en la década de los años setenta, en tanto que fenómeno social que genera, estimula y difunde prácticas corruptas de nuevo tipo, sirvió, entre otras cosas, para impulsar un mayor desarrollo de la corrupción castrense, contribuyendo a la formación de fortunas fabulosas y vinculando a sus protagonistas con el estilo y las prácticas del crimen organizado a nivel internacional. Fue, por así decirlo, un nuevo, peligroso y nefasto desarrollo cualitativo en la naturaleza de la corrupción inherente a los regímenes militares de entonces.
El narcotráfico iba, poco a poco, creando condiciones para un nuevo modelo de corrupción, más organizada y profesional, más amplia y peligrosa. Generó redes corruptas al interior de las instituciones gubernamentales, en especial las que estaban directamente vinculadas con la represión del delito y la seguridad del Estado. Fue cooptando gradualmente peones importantes en el andamiaje oficial, penetrando la organización del Estado y minando las estructuras de las fuerzas militares. El narcotráfico se fue convirtiendo en un factor disolvente y desintegrador en el tejido social del país.
A finales de los años setenta, como resultado de una combinación entre factores internos y fuerzas de presión externas, en el país surgieron las condiciones para el retorno a un régimen político constitucional y civil. Los militares se preparaban para abandonar, al principio sólo parcialmente, el escenario nacional, cediendo espacios a los políticos tradicionales, ávidos por retornar al poder y recuperar el viejo protagonismo oficial. Era el momento en que habría de comenzar el proceso de transición política hacia la democracia formal y representativa.
miércoles, 20 de abril de 2011
Cinco herramientas para combatir la corrupción
Cinco herramientas para combatir la corrupción
Ulises Ramírez
Huir de la falacia de las soluciones únicas
Como lo ha indicado Transparencia Internacional1, las soluciones contra la corrupción no pueden ser unívocas. Es verdad que algunos instrumentos pueden ser muy útiles como los referentes a la educación y la construcción de ciudadanía, pero no podría racionalmente señalarse que la corrupción se soluciona sólo con medidas preventivas; que basta introducir, por ejemplo, códigos de ética en las oficinas públicas y las empresas, que se resuelve con más y mejores mecanismos de rendición de cuentas, con reformas legales que incrementaran penas y sanciones a corruptos, con salarios más altos a los funcionarios o mediante el servicio profesional de carrera. El combate a la corrupción exige las medidas anteriores y muchísimas más, que reformulen tanto el tipo de democracia como la manera en la que se concibe hoy en día el Estado de derecho, uno más garante, que se base en el respeto pleno a los derechos humanos, los de libertad y los de igualdad, con el propósito de que la sociedad sea más libre e igualitaria, pues en condiciones de marginación y pobreza, es muy difícil que exista un clima propicio para enfrentar la corrupción2.
La lucha contra la corrupción entraña tomarse muy en serio el papel de los factores reales de poder: partidos, medios de comunicación electrónica, empresas nacionales y transnacionales, iglesias, ejército y, su incidencia en ella, pues la corrupción no puede entenderse sólo desde el análisis de los poderes públicos tradicionales o desde una visión exclusiva del sector privado o del social; los factores reales de poder mediatizan el funcionamiento de las instituciones públicas. También las cruzadas contra la corrupción deben situarse dentro de los parámetros del mundo de hoy: global, multicultural y pluriétnico, como es nuestro caso, de otro modo cualquier ejercicio de contextualización carece de relevancia, en tanto que la corrupción no es un fenómeno ahistórico, sino que tiene condiciones y manifestaciones particulares dependiendo de las características de cada sociedad concreta y del tipo de régimen político que en la particular situación impere.
La corrupción es una hidra que exige respuestas múltiples y complejas. Es insuficiente, como se ha hecho en México, concentrar casi todos los esfuerzos institucionales en las prácticas y reglas electorales y descuidar el resto de las instituciones y prácticas, aunque en materia electoral el actual diseño favorece la corrupción como en el caso del financiamiento privado que vincula nocivamente al poder económico con el poder político y que permite que los empresarios después cobren sus dividendos e impidan que proyectos de leyes, como el de radio y televisión o en materia de telecomunicaciones no sean aprobados en el Congreso. Un poder judicial fuerte e independiente, por poner un ejemplo, de nada sirve si no existe una reforma profunda al ministerio público, a las policías y a la legislación penal. En México, es imprescindible construir un sistema de integridad nacional contra la corrupción, que entre otras medidas, además de los cambios de diseño institucional necesarios, parta de las siguientes premisas: 1) coordinación y vinculación entre todas las instituciones de investigación y resolución, federales y locales, que enfrentan la corrupción; 2) perfeccionar los mecanismos de combate a la corrupción política, porque ésta tiende a convertirse en corrupción pública, una vez que los partidos y los intereses económicos que están detrás de ellos integran los órganos de poder, para ello es necesario incrementar las atribuciones de fiscalización de los órganos electorales, publicitar los procedimientos de fiscalización a partidos y agrupaciones políticas y no sólo los resultados de esa fiscalización, derogar el financiamiento privado, que la propaganda político y electoral se difunda en los tiempos gratuitos –tiempos fiscales y tiempos del Estado–, y perfeccionar las reglas y principios de equidad para la competencia política3; 3) lograr en los órganos de accountability horizontal (tribunales, ministerio público, órganos de control externo, electorales, etcétera), mayores niveles de autonomía e independencia, así como de vigilancia ciudadana; 4) dirigir la lucha contra la corrupción no sólo a los poderes tradicionales (ejecutivo, legislativo y judicial), sino a todo el apartado del Estado y a los factores reales de poder; 5) propiciar mayores niveles de participación y deliberación social en las decisiones públicas; 6) transparentar de manera radical (procedimientos y resultados), el aparato del Estado y la organización y funcionamiento de los factores reales de poder: partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, medios de comunicación electrónica; 7) generar una cultura de la rendición de cuentas; 8) revisar el sistema de responsabilidades a los servidores públicos (políticas penales, administrativas, civiles, laborales, etcétera); 9) modernizar la administración pública y consolidar el servicio civil de carrera; 10) garantizar, fomentar y promover los derechos humanos, es decir, orientar toda la actividad del Estado a su promoción, desarrollo y respeto.
Como dice Federico Reyes Heroles4, la corrupción está vinculada a un sinnúmero de factores: por un lado, a la falta de libertades, no es casualidad que los países más corruptos son aquellos que restringen las libertades, pues en donde las libertades funcionan, la capacidad de denuncia de la sociedad es mayor y la corrupción tiende a disminuir; por otro, a la fortaleza institucional del Estado de derecho5. La Encuesta Mundial de Valores y el Latinobarómetro, indican que las instituciones (leyes, todo tipo de normas, aparatos burocráticos) cuando son eficaces, funcionan bien –se orientan por los derechos humanos, por ejemplo– y combaten mejor a la corrupción. Además, la existencia de corrupción está relacionada con la falta de una conciencia acerca de que su práctica representa un problema mayor si, como en el caso mexicano, un 25 por ciento de la población la considera como algo “natural”, es obvio que habrá dificultades para enfrentarla. La corrupción se resuelve con transparencia y más transparencia, hacer sentir a los servidores públicos y ciudadanos que sus funciones, que tienen que ver con lo público o que inciden en lo público, serán observadas, fiscalizas y, en su caso, si existen responsabilidades, condenadas; una sociedad que no vigila y fiscaliza, promueve la corrupción. Para luchar contra la corrupción, es importante que los operadores jurídicos y los ciudadanos tengan adhesión a su sistema normativo, la tendrán sólo si consideran que éste tiene un origen democrático y está dirigido a salvaguardar derechos humanos. Igualmente, es importante hacer ver y demostrar a la ciudadanía y a los servidores públicos que la existencia de corrupción promueve el atraso de los países6, la ausencia de inversiones e incrementa las desigualdades sociales.
El fundador de Transparencia Internacional, Peter Eigen, en colaboración con Manuel Villoria Mendieta7, ha señalado para enfrentar la corrupción en España, los siguientes puntos fuertes: 1) un servicio civil profesional neutral e imparcial juega un importante papel en la lucha contra la corrupción, siempre y cuando, el acceso, la permanencia y los ascensos se den en condiciones de transparencia y equidad. En España, aunque el servicio civil de carrera tiene aproximadamente 100 años, aún existen deficiencias en la carrera profesional y en las retribuciones, por la existencia de elementos discrecionales y /o clientelares que impiden la plena transparencia y equidad en los procesos de selección y compensación; 2) existe una Fiscalía Anticorrupción que fue creada de forma consensuada entre el gobierno y la oposición en 1995 como consecuencia de los escándalos de corrupción de la primera mitad de los noventa. Forma parte del ministerio público que, en España como en México, no tiene independencia del gobierno. Sin embargo, la existencia de los jueces de instrucción españoles, dificultan la posibilidad de que el ministerio público archive discrecionalmente los casos; 3) el poder judicial en España goza formalmente de independencia. Sin embargo, carece de medios y de personal suficiente para enfrentar adecuadamente los escándalos de corrupción. Esta carencia ha llevado a importantes retrasos en la tramitación de procesos que han permitido a notorios criminales gozar de libertad provisional, inclusive; libertad que han aprovechado para huir; 4) el Defensor del Pueblo español juega un importante papel. Recibe por año mas de 20 mil quejas, admite alrededor del 60 por ciento y consigue la subsanación de cerca el 60 por ciento de las mismas; no obstante, como sucede en México, carece de capacidades de presión y sanción frente a la administración pública; 5) la Intervención General, que es un sistema de control interno de la administración, funciona de manera aceptable, aunque sus resultados se mejorarían si se reforzaran sus medios de control y la publicidad de sus actuaciones; 6) el Tribunal de Cuentas realiza una labor de fiscalización externa y también una labor de enjuiciamiento en los procesos por responsabilidad contable que pueden terminar con una condena de reintegro de cantidades económicas. Puede actuar de oficio o por acuerdo del pleno. Entre sus insuficiencias está la que no puede obligar al sector privado a mostrarle sus cuentas aunque tenga negocios con el sector público.
Eigen y Manuel Villoria Mendieta8 mencionan entre los puntos débiles de ese país en su lucha contra la corrupción: la ausencia de códigos de conducta en los organismos públicos; la falta de protección a los denunciantes de corrupción; la cultura de la opacidad; lagunas en la normativa de conflictos de interés, pues aunque la ley obliga a una declaración de actividades al tomar posesión del cargo y al cese, a una declaración de bienes y derechos al tomar posesión y al cese y a una declaración anual de la situación tributaria, las sanciones, sin embargo, por el incumplimiento de estas declaraciones son muy leves y los órganos que investigan esas declaraciones son de jerarquía inferior y tienen escasas competencias, además de la falta de participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción y las dificultades de España para insertarse en la cooperación internacional anticorrupción. Ante las deficiencias españolas, se prevé que en fecha próxima, se aprueben algunas nuevas medidas anticorrupción, entre las que se destacan9:
“1. El gobierno ampliará y clarificará el régimen de incompatibilidades y registro de intereses de los miembros del gobierno y de los altos cargos y directivos de empresas públicas y organismos de control. Para hacer efectiva esta nueva normativa, el control de las incompatibilidades lo realizará un órgano independiente del gobierno.
“2. El gobierno publicará en el Boletín Oficial del Estado las declaraciones de actividades y bienes de los altos cargos, salvaguardando datos que afecten a la seguridad de las personas.
“3. El gobierno modificará la normativa de financiación de partidos, prohibiendo las donaciones de empresas y personas jurídicas y estableciendo la publicidad y registro de todas las donaciones de personas físicas, así como sus límites cuantitativos.
“4. Se creará la Agencia Nacional de Evaluación de Políticas Públicas.
“5. Se aprobará una ley de libre acceso a la información, que garantice s los ciudadanos el derecho a acceder en tiempo oportuno a toda información y documento oficial que considere de interés, respetando el derecho a la protección de datos personales.
“6. El gobierno garantizará la transparencia mediante ley la publicidad de las estadísticas y de los datos oficiales, que estarán a disposición de los parlamentarios y de los ciudadanos.
“7. El gobierno potenciará el debate político y los mecanismos de información y control parlamentario.
“8. Se reformará la ley electoral para asegurar la celebración de debates electorales y se limitarán estrictamente los gastos electorales.
“9. Se reformará RTVE (Radio y Televisión Española) para reforzar su independencia y objetividad.
“10. El gobierno modificará la normatividad sobre publicidad institucional y someterá todas sus campañas a un control previo de necesidad e imparcialidad para evitar que se realicen con cargo a los presupuestos públicos campañas de propaganda política o electoral”.
En Alemania, ciertas áreas de la economía, como la de la construcción son líderes en corrupción, y se estima que las pérdidas en un año con motivo de ésta pueden alcanzar la suma de 5000 millones de euros. Las razones de la corrupción, tienen relación en buena medida con los motivos institucionales: No existe una fiscalía anticorrupción, no hay ninguna ley que establezca que las empresas que hayan obrado corruptamente no podrán acceder a concursos públicos; no se concibe a la corrupción como un gran problema nacional y no hay una ley de transparencia y libertad de información que permita a la ciudadanía el acceso a las cuentas de los organismos públicos; en la administración alemana cualquier acto es estrictamente confidencial, hasta que se hace público; las empresas no pueden ser inculpadas; no hay protección para los que denuncian actos de corrupción, etcétera. En materia política en Alemania, se ha propuesto limitar las donaciones a partidos y candidatos, publicitarlas y prohibir donaciones de personas morales.
Los ejemplos de España y Alemania, como los de cualquier país10, ponen en claro que la corrupción no es un asunto que pueda tratarse con recetas que apuesten a un factor o instrumento único de solución. Se necesitan sistemas y planes integrales para su combate. Como ya se dijo, un sistema de integridad nacional que involucre al aparato del Estado, pero también a los factores reales de poder; que insista en la rendición de cuentas vertical (electoral, mediante la reelección, por ejemplo), pero también a la rendición de cuentas horizontal (ante otros poderes y órganos constitucionales autónomos) y a la rendición de cuentas social (a través de organizaciones no gubernamentales, protección de intereses colectivos y difusos y la movilización social); que considere como arma privilegiada la transparencia de los actos públicos de resultados y decisiones, pero fundamentalmente de procedimientos; que promueva y consolide la profesionalización del servicio público; que aliente reformas legales que impliquen nuevas conductas punibles y sanciones más severas; que el marco constitucional promueva una sociedad cada vez más abierta (con más libertad de expresión e información); que se decante por la educación en contra de la corrupción y genere la construcción de una ciudadanía activa; que prohíba los monopolios y fomente la libertad de mercado bajo condiciones de “fair play”; que se entienda que se trata de un fenómeno complejo que exige remedios nacionales e internacionales; etcétera.
Es evidente que los sistemas de integridad nacional requieren de estímulos políticos para su realización. En ocasiones se fracasa por no existir acuerdo o consenso entre los sectores relevantes de la sociedad. Puede ocurrir que el Presidente no tenga una visión integral del problema, que los altos funcionarios del Estado no sientan comprometidos con los cambios, que los gobernantes electos olviden sus promesas, que las reformas se lleven a cabo de manera dispersa y sin coordinación, que se entienda que la lucha contra la corrupción se desenvuelve sólo en el terreno legal-formal, que los cambios se concentren en la baja burocracia o que existan, como suele ocurrir, intereses que se resistan a un cambio profundo. El sistema de integridad nacional es posible cuando los arreglos de construcción democrática más importantes están en marcha, si esto no ocurre, el combate a la corrupción queda supeditado al éxito que tengan ellos.
Comenzar desde la reforma democrática
Dice Virgilio Zapatero que el sistema democrático11 no puede organizarse sino es a partir de cierta desconfianza hacia quienes detentan el poder político. La democracia funciona mejor si hay profesionales que hagan funcionar las alarmas escrutando los actos de los gobernantes. Además de combatir la corrupción con premios y castigos se necesita una infraestructura moral de la sociedad y de sus dirigentes, unas relaciones de lealtad que taponen en el plano individual los resquicios que dejan las instituciones y las leyes. Sin ese mínimo moral, difícilmente las instituciones funcionarían12.
La democracia representativa no está bien equipada para combatir la corrupción. Ésta se concibió a partir de la selección de unos pocos miembros de cada uno de los grupos en que se consideraba dividida la sociedad, el sistema representativo permitía la plena representación de esos sectores. El problema es que esa democracia ya no representa a muchos sectores sociales, debido a la complejidad y heterogeneidad de las sociedades contemporáneas. La democracia representativa no abarca a “toda” la sociedad. Además, el sistema representativo ha ido abriendo más y más la brecha entre representantes y representados; la desconexión es patente, de ahí la crisis de esta forma de democracia y la pertinencia del término usado por O´Donnell de democracia delegativa para referirse a las democracias latinoamericanas que no cuentan con fuertes mecanismos de rendición de cuentas horizontales13.
Aunque la democracia representativa ideó un sistema de pesos y contrapesos para controlar el poder y la arbitrariedad, este mecanismo ha perdido su ímpetu: carece de profundidad deliberativa, se delibera, acaso en otra parte, como en los medios, existe complicidad entre los poderes, produce opacidad y ha conducido a una guerra armada y perpetua entre las distintas ramas del poder, que en ocasiones conduce al congelamiento y a la parálisis institucional14, si se supera la parálisis, los contenidos de la ley se negocian y contractualizan o un poder fagocita a los demás y los subyuga, limitando su independencia. Los auténticos poderes no están en las instituciones tradicionales, sino al margen de ellos; estos poderes (partidos, medios, intereses transnacionales y globalizadores) manipulan el funcionamiento de los poderes tradicionales, no actúan con transparencia ni deliberan, reducen a las instituciones a su mínima expresión y constituyen una máscara o correa de transmisión de esos factores reales de poder. Las decisiones de los meta-poderes están totalmente fuera del control ciudadano.
La influencia de los factores reales de poder ha obligado a construir nuevos órganos, los constitucionales autónomos, con el propósito de controlarlos. Sin embargo, esos nuevos órganos son colonizados y mediatizados en muchas ocasiones por los factores reales de poder, principalmente por los partidos políticos. Ante este panorama, la corrupción tiene un campo fértil. La democracia representativa no representa a muchos sectores, en ella, algunos obtienen ventajas y otros quedan permanentemente al margen, la rendición de cuentas no es efectiva –en ocasiones ni la vertical por la compra de votos, poder de manipulación de los medios, parcialidad de los órganos electorales–, el sistema de pesos y contrapesos no ha propiciado la rendición de cuantas horizontal por la colonización y mediatización de poderes y órganos autónomos a cargo de factores reales de poder, la sociedad no cuenta con mecanismos poderosos para proteger sus derechos individuales, colectivos y difusos y no existen mecanismos procesales para acceder efectivamente a la justicia.
Las fallas del sistema representativo hacen que los ciudadanos no sean fieles al sistema normativo, éste carece de legitimidad. La corrupción es una respuesta, ciertamente inadecuada, pero inevitable, para sobrevivir y obtener ventajas, en un esquema en el que se confía poco en las instituciones. No se cree en ellas porque no funcionan. La corrupción es una de las respuestas a la incapacidad para construir una democracia de calidad.
El concepto democrático no puede reducirse sólo a elecciones y el ciudadano, no puede ser rehén en las etapas interelectorales. Hace falta poner el acento en diversos temas que la democracia representativa olvida: la participación ciudadana, la publicidad de los asuntos públicos, el reconocimiento de la deliberación, la rendición de cuentas horizontal y social, contrarrestar el poder de los factores reales del poder para que no se excluyan del campo del derecho y democratizar internamente tanto organizaciones como partidos políticos.
En este contexto, la participación ciudadana15 tiene muchas ventajas para compensar algunas insuficiencias de la democracia representativa, entre las que señalamos:
1) Incluye a sectores excluidos.
2) Involucra a los ciudadanos en los asuntos públicos, con lo que se legitima el sistema político y las decisiones que se adoptan en la sociedad.
3) Permite como en Brasil y la India –los presupuestos participativos– la redistribución de la riqueza mediante el señalamiento de las prioridades sociales en el gasto.
4) Es un mecanismo que vuelve a unir a gobernados con gobernantes.
5) Auxilia en el combate a la corrupción a través de mecanismos de control ciudadano, por ejemplo, la auditoría ciudadana permite dar seguimiento a los servidores públicos en la toma de decisiones para advertir si cumplen debidamente con sus cometidos.
6) Puede combinarse con la democracia representativa.
7) Son válvulas de escape frente al descontento popular.
8) Permiten que voces que no son normalmente tomadas en cuenta sean escuchadas.
9) Son mecanismos de participación alternativos a los partidos.
10) Limita el elitismo político, promueve la movilidad de las élites políticas y, alienta la transparencia en la deliberación de los asuntos públicos.
Respecto a los mecanismos de democracia participativa debe asumirse que los ciudadanos deben tener la oportunidad de evaluar la responsabilidad del gobierno en términos de la satisfacción de sus necesidades y requerimientos; sólo los ciudadanos son capaces de hacerlo porque saben más que los gobernantes acerca de sus necesidades. La participación es un correctivo a las deficiencias de la democracia representativa y es un instrumento poderoso para enfrentar la corrupción.
En cuanto a la publicidad de los actos de poder, lo primero que debe señalarse es que no es un dato marginal o secundario a la democracia. El ciudadano debe no sólo informarse para después decidir, sino informarse para vigilar al representante16. Como lo ha explicado Amartya Sen17, los malos gobiernos necesitan el secreto para sobrevivir, pues permiten que se perpetúen la insuficiencia, el despilfarro y la corrupción como en el caso de las hambrunas que existen en países sin prensa libre y publicidad y nunca en aquéllos que mantienen abierta la información.
La publicidad exige un grado máximo de realización, es un “mandato de optimización”18 y esa instrucción se refiere no sólo a la publicación de las medidas legales, administrativas y judiciales adoptadas, sino al procedimiento que precedió el dictado de las medidas19. En nuestro país hace falta una reforma legal que abra a la publicidad también los procedimientos para la determinación de resultados. Estas reformas deben comprender además la autonomía plena del órgano que garantiza el acceso a la información (Instituto Federal de Acceso a la Información Pública gubernamental) para que no permanezca dentro de la órbita del ejecutivo, reducir el número de causales de la información reservada, incluir como sujetos obligados de la ley, partidos, organizaciones empresariales, sindicatos, iglesias y a todo el aparato del Estado, obligar a todos los órganos de composición colegiada del Estado y en todos los niveles de autoridad a la plena publicidad, garantizar que cualquier procedimiento de fiscalización en donde estén involucrados recursos públicos sean públicos, designar a los titulares del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental con participación ciudadana.
Una materia relevante para la publicidad política y el combate a la corrupción es la publicidad de la vida interna de los partidos. Los partidos no sólo deciden sobre candidaturas y dirigencias, sino sobre políticas públicas, estrategias legislativas, administrativas, judiciales, electorales; por eso es que sus decisiones y procedimientos deben abrirse. Sin la presencia de los partidos no puede explicarse ningún sistema constitucional y político contemporáneo.
La deliberación de los asuntos públicos es un electo fundamental en una democracia avanzada. La democracia deliberativa demanda que la autorización para ejercer el poder sea la consecuencia de una permanente discusión, mediante el establecimiento de un esquema de disposiciones que garanticen la responsabilidad y la rendición de cuentas ante los ciudadanos por parte de quienes ejercen el poder público, no sólo a través de elecciones, sino con procedimientos públicos de argumentación que disputan con la clase política las prerrogativas de la decisión política20. La deliberación funciona si se dan una serie de condiciones que Habermas ha expuesto en la filosofía21 y que Alexy en el campo del derecho ha desarrollado22.
Los partidarios de la democracia deliberativa son concientes de que la regla de la mayoría no garantiza la imparcialidad. Una decisión apoyada por una mayoría y no por todos los involucrados en el conflicto puede ser parcial. La unanimidad tampoco es ideal, en buena medida por las necesidades reales de tomar una decisión en tiempo limitado: la unanimidad como regla exclusiva conduciría indefectiblemente al status quo. Nino defiende la deliberación por su carácter inclusivo, público, argumentativo, igualitario, porque coloca sobre la mesa razones, y no sólo intereses egoístas y, por su tendencia a la imparcialidad derivada de la colegiación de las decisiones en un proceso abierto, integrador, basado en la razonabilidad y en el mejor argumento23. Otros se oponen a ella, por su carácter ideal, utópico, y porque el consenso que puede resultar de la deliberación, limita la disidencia, por lo que prefieren el aliento a la competencia política para profundizar en la democracia24. La deliberación potencia la esfera pública y el ámbito social frente y respecto a los planos estatales o centrados en la clase política. La sociedad no se entiende como una entidad pasiva que espera señales de los políticos que compiten por su favor. Más bien, determina el comportamiento de los políticos, asume un papel activo, propositito y no meramente reactivo. La democracia deliberativa intenta resolver el problema de la conexión entre el mundo de la esfera pública informal y social con el sistema político formal. El lugar de la deliberación está centrado en la esfera pública y piensa al proceso institucional como un proceso de constitución de instituciones para la deliberación pública25.
México, durante decenios no tuvo regulación en materia de derecho a la información. En la reforma política de 1977, se modificó el artículo 6 de la Constitución para establecer el derecho a la información; sin embargo, fue hasta el martes 11 de junio de 2002, que el Diario Oficial de la Federación publicó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esta ley prevé el primer marco sobre el derecho a la información en nuestro país, pero posee deficiencias notables para la transparencia, entre ellas destacamos:
1) No es una ley para todos los poderes y órganos del Estado. Es una ley preponderantemente para la administración pública.
2) Remite, en el caso del resto de los poderes y órganos del Estado a reglamentos41 lo que viola el principio de reserva de ley de los artículos 13 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
3) El órgano encargado de garantizar el derecho de acceso a la información y transparencia, forma parte de la administración pública42. No es un órgano constitucional autónomo y no goza de suficiente independencia para realizar su labor.
4) Es una ley que limita a los sujetos obligados. No son sujetos obligados los partidos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, medios de comunicación, etcétera.
5) Contiene reservas a los procedimientos decisorios que son inaceptables en una democracia: expedientes judiciales, procedimientos administrativos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado; procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se dicte la decisión definitiva; la que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que forman parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual debería estar documentada.
Además, existen muchas otras leyes federales y locales que establecen reservas a la información, lo que significa que el marco de confidencialidad, reservado y secreto es muy amplio en México. La remisión que hizo el artículo 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, también ha implicado reservas adicionales. Los poderes públicos y órganos constitucionales autónomos incorporaron reservas en sus reglamentos que no están justificados. El colmo fue el poder judicial federal que ha tenido en los últimos meses dos reglamentos en la materia. El primero tuvo que ser modificado por su carácter altamente restrictivo.
Lo anterior pone de manifiesto las deficiencias de nuestro marco jurídico que se supone debe garantizar el derecho a la información. Falta que se entienda en nuestro país que la mejor manera de combatir la corrupción en México se da a través de la publicidad y la transparencia. Creemos que puede haber una ecuación simple que establezca que a más transparencia menos corrupción. El derecho a la información no es un derecho humano más, es el derecho político por excelencia. Como en su momento dijo la Suprema Corte de Estados Unidos –The New York Times versus Sullivan–, los temas que versan sobre asuntos de relevancia pública demandan una protección aún más amplia que lo normal y, desde luego, cabe en ellos la exageración, el error y la denigración de los afectados, inclusive, porque tales cosas son inevitables en un debate abierto43. La transparencia es el alma del sistema democrático, sólo quien no tiene “miedo a saber” es capaz de ser ciudadano en una sociedad abierta. La verdad en una democracia no puede ser una verdad oficial, una verdad dictada desde el poder, sino algo que debe ser descubierto y aceptado por la razón. Las sociedades políticas de las democracias modernas deben ser sociedades deliberativas y decisorias. Debemos entender que el fundamento de una sociedad democrática es la concepción del individuo como protagonista en una convivencia política raciocinante. Las sociedades modernas son un foro abierto, donde la información debe fluir. Una sociedad democrática es aquella que maximiza la información y protege que ésta se produzca sin coacción y en libertad.
SI FUESEMOS TOTALMENTE HONESTOS, SERIAMOS RESPONSABLES SOCIALMENTE Y VIVIRIAMOS EN UN MEXICO SIN VIOLENCIA Y CORRUPCIÓN!
La responsabilidad social no puede ser un programa solamente a nivel empresarial, sino debe empezar por un nivel individual, en donde cada persona se compromete a ser fiable, en cuanto a su forma de pensar con honradez y voluntad de perseverar en esa honradez.
La honradez es un concepto involucrado en una cultura; el problema en Mexico es que no existe la honradez. Todos son no honrados! desde que nace una criatura, en la historia de su nacimiento viene una serie de deshonras!
Tenemos una poblacion que procrea por un mero acto de falta de responsabilidad y si se queda con su cria lo cria a como puede y se da, sin una apice de conocimiento, verdadero deseo de amar a sus hijos honrandolos con una buena educacion y ejemplo familiar. Y las leyes de nuestro pais no cooperan en absoluto en nada para crear un ambito familiar integro en donde las personas vayan naciendo de una manera programada, deseada y evaluada para que el producto – los hijos- tengan todas sus necesidades minimas y primarias bien sustentadas, asi como una educacion asegurada basada en el amor familiar, los valores morales y el trabajo limpio de sus progenitores. Como el desarrollarse en un medio ambiente sano y con leyes que aseguren que esto sea realidad! Y lo mejor esta cuando lleguen a edad adulta, que encuentren que este mundo de honradez y belleza moral es real! que su vida seguira en un ejemplo normativo de educacion y cultura popular con resultados objetivos de trabajo, salario justo y una satisfaccion en llevar una vida integra y honrada!
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL SE DA CUANDO EL INDIVIDUO DESDE SU NACIMIENTO SE VE INVOLUCRADO EN SU HOGAR Y MEDIO AMBIENTE EN UN ESTADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL BASADA EN EL AMOR Y LA PROTECCION DE LA FAMILIA, POR ENDE, DEL INDIVIDUO MISMO.
UNA PERSONA RESPONSABLE SOCIALMENTE ES UNA PERSONA HONRADA!Y DEBE VIVIR EN UNA CULTURA DONDE SE HONRE A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE SUS ACTOS EN SU COMPROMISO DE VIVIR EN ESA SOCIEDAD!
Por " CORRUPCIÓN " forman : LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PARLAMENTARIOS CONTRA LA CORRUPCIÓN
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE
PARLAMENTARIOS
CONTRA LA CORRUPCIÓN
Reunión del Comité Ejecutivo de la GOPAC
16 y 17 de junio de 2009
Palacio Legislativo, San Lázaro
Lic. Gabriel Mario Santos Villarreal
Investigador Parlamentario
Subdirector de Política Exterior
Efrén Corona Aguilar
Auxiliar de Investigación
1. INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC) fue creada en el
mes de octubre del año 2002, sin fines de lucro, en la Conferencia Mundial de Ottawa,
Canadá, conforme a las leyes canadienses. Esta constituida y dirigida por un Consejo de
Dirección elegido por las secciones regionales.
Se trata de una organización de parlamentarios de numerosos países de todo el mundo que
dedican sus esfuerzos a la lucha contra el mal gobierno y la corrupción. Por medio de grupos
de trabajo en el mundo, donde sus miembros realizan estudios y análisis, para elaborar y
proyectar instrumentos de tipo legal de gran importancia para la lucha frontal contra la
corrupción.
“La GOPAC está trabajando actualmente en seis iniciativas de ese tipo definidas en la
Conferencia Mundial de la GOPAC y conocidas como el Programa de Arusha, cada una de
ellas realizada por un grupo de trabajo mundial en colaboración con organismos expertos”.
1
Los documentos aquí presentados tienen el objetivo de ilustrar brevemente a la comunidad
parlamentaria sobre la constitución de la GOPAC y su reglamentación así como algunas de
sus actividades recientes.
1
http://www.gopacnetwork.org/main_sp.htm Centro de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Documentación y Análisis
Subdirección de Política Exterior
2
2. ACERCA DE GOPAC
2
La Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC) fue creada
en octubre de 2002, durante la Conferencia Mundial celebrada en Ottawa (Canadá). La
conferencia contó con el apoyo del Parlamento de Canadá, el Instituto del Banco
Mundial y la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional. Participaron en ella más
de 170 parlamentarios de más de 60 países y 400 observadores.
Constituida como organización sin fines de lucro conforme a las leyes canadienses,
adquirió personalidad jurídica en 2003. GOPAC está guiada por un Consejo de
Dirección elegido por las secciones regionales. El Comité Ejecutivo del Consejo está
presidido por John Williams, ex diputado de Canadá.
Además de crear secciones regionales, servicios de información, y establecer alianzas,
los miembros de GOPAC han identificado una serie de temas específicos que la
organización debe tratar de resolver y sobre los cuales habría de presentar informes a
la Conferencia Mundial de 2008. A saber:
• Acceso a la información
• Lucha contra el lavado de dinero
• Convenciones internacionales contra la corrupción
• Ética parlamentaria
• Inmunidad parlamentaria
• Supervisión parlamentaria
• Transparencia sobre las ingresos procedentes de los recursos naturales
La GOPAC se apoya en tres pilares para formar una organización eficaz:
Muchos parlamentarios tratan de proporcionar buena gobernabilidad pero se ven
contrariados por parlamentos con servicios de apoyo débiles, por una tradición limitada
en el ejercicio de las funciones democráticas fundamentales de legislar, fiscalizar y
representar, y por un ejecutivo poderoso. El programa mundial de la OMPCC trata de
responder a estos desafíos, brindando apoyo a los colegas, educación y liderazgo
político en iniciativas que producen resultados.